domingo, 26 de julio de 2015

LA CORRUPCIÓN ES LA PRIVATIZACIÓN



@lecorbusier2



El otro día en mi polémica con el alcalde de Brunete, Borja Guitierrez, (digo polémica, pero en realidad fue un debate dialectico entre dos formas de entender la sociedad, no se me vengan arriba los del PP en cuanto a que meto con el alcalde) con respecto a la necesidad que hay de gestionar directamente los servicios públicos, no solo por el ahorro que supone, sino porque es de mucha mayor calidad, defendiendo él  que era un liberal (yo comente de Taiwán por lo falso de su liberalismo) y yo un hombre de izquierdas.
Aparte de que es mucho mejor gestionarlo todo directamente, es prácticamente comprobable que el desembarco de la empresa privada en las gestión de los servicios públicos ha supuesto un nido de corrupción imposible de soportar ya que estas empresas no ha venido a prestar excelentes servicios públicos, han venido a quedarse con el dinero público estafando a los ayuntamientos en cuanto a los pliegos de condiciones de las prestaciones de dichos servicios y a corromper a políticos para seguir robando el dinero de nuestros impuestos.
Me gustaría ver cuántas bofetadas abría en el partido que todos conocemos si no hubiera estos pingües beneficios extra salariales al majen de la ley, si una norma prohibiera el desembarco de la piratería privada en los servicios públicos.


Dicho esto, les dejo un formidable artículo de Pascual Serrano que pone el enfoque en el centro de la problemática donde se generan todas las corruptelas posibles y probables.  




Contra el talón de hierro
La corrupción es la privatizaciónEl discurso neoliberal ha logrado inculcar en las mentes de la mayoría de la población que Estado y público es sinónimo de ineficacia e corrupción, cuando es precisamente lo contrario.
PASCUAL SERRANO  15/07/2015

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Son actualidad los numerosos casos de corrupción que asolan la política española. Para que estos sean posibles se necesitan algunas condiciones que vale la pena analizar. En primer lugar, la falta de ética y decencia de sus protagonistas: políticos y empresarios. En segundo, la percepción de impunidad, es decir, la ausencia de una amenaza creíble de castigo por parte del sistema judicial y de la comunidad ciudadana. Algo bastante fundado porque los procesados con frecuencia vuelven a ser votados y en raros casos acaban en prisión. Y por último, un sistema político, económico y mercantil que favorezca el trasvase de dinero público a manos privadas gracias a la decisión de cargos políticos y bajo la coartada de la prestación de algún servicio.

Detengámonos en esto último. Si observamos algunos de los casos comprobamos que casi siempre se trata de adjudicaciones a empresas privadas: estudios o celebración de eventos en el caso Noos, adjudicación de la recogida de basuras en varias localidad de Alicante en el caso Brugal, la cesión de parcelas públicas para construir colegios privados concertados en la operación Púnica. Los casos de contratación fraudulenta de servicios de limpieza viaria o de edificios públicos, mantenimiento de jardines públicos, gestión y suministro del agua en las ciudades, etc. son constantes. El último, por ahora, ha sido la detención de la directora de la Alhambra, por presunta malversación de 5,5 millones de euros en la adjudicación del servicio de alquiler de audioguías.

La mayoría de la ciudadanía no percibe que si todos estos servicios se prestaran directamente desde el Estado a través de empresas públicas dejaría de existir esa fuente de corrupción. No puede haber lucro, ni adjudicación privilegiada, ni precio inflado si son empleados públicos o empresas estatales las que limpian las calles, recogen la basura, llevan el agua a nuestras casas, organizan los eventos o construyen los colegios. El dinero solo puede circular desde las arcas municipales a los trabajadores que realizan la labor, no hay intermediarios para quedárselo. La mayor corruptela posible en la empresa pública sería una selección arbitraria de los empleados (el enchufismo), pero la administración dispone de medidas para evitarlo. En cambio, en las adjudicaciones y subcontrataciones privadas esa contratación arbitraria ya existe y es sencillamente legal porque, al tratarse de empresas privadas, contratan a quien consideran.

La conclusión evidente es que la principal fuente de corrupción es el trasvase fraudulento de dinero público a manos privadas mediante las adjudicaciones de compra de productos y prestación de servicios. La mayoría de esas adjudicaciones no han existido siempre ni tienen por qué suceder, forman parte de un sistema neoliberal privatizador instalado en las últimas décadas en nuestras administraciones. En cambio, el discurso neoliberal ha logrado inculcar en las mentes de la mayoría de la población que “Estado” y “público” son sinónimo de ineficacia e corrupción, cuando es precisamente lo contrario. El político corrupto lo es cuando dispone de nuestro dinero para poder llevarlo al sistema privado, es decir, cuando tiene un socio empresario con quien acordar y pactar adjudicaciones, comisiones y fraudes. Sin duda el reto consiste en elegir el político adecuado, pero si, mientras tanto, no le permitimos a ese representante privatizar servicios y repartirse el dinero público con el empresario habremos logrado mucho.

Publicado en el Nº 286-287 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2015

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