sábado, 13 de diciembre de 2014

Cospedal manda y el Constitucional avala

EL HIJO DE LUCAS
El Tribunal Constitucional ha avalado por dos veces las medidas impuestas por la famosa dieta Cospedal en Castilla-La Mancha. La primera fue eliminar el sueldo de los diputados y la segunda, reducir el número de diputados actuales de 53 a entre 25 y 35. La primera complicó la vida de los diputados de la oposición al tener que volver a sus viejos trabajos o empezar a buscar uno nuevo, pero no dejó en mal lugar a los populares. De hecho, de los 25 parlamentarios del PP, 15 cobraban ya otro sueldo público como alcaldes, concejales o consejeros. Situación que no se repetía en la bancada socialista: de sus 24, seis eran concejales y uno, alcalde de Campillo de Altobuey, un pueblo de 1.700 habitantes con pocas posibilidades de retribuir a su edil. La medida fue anunciada como retirada incondicional de sueldo y la realidad es que supuso una reducción de los 3.650 euros brutos mensuales de salario fijo, a los 1.550 de media, 955 de indemnización fija y unos 600 euros en concepto de dietas. Un recorte que en el caso de Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, fue compensado al fijarse en el Ayuntamiento una nueva remuneración anual de 40.000 euros. La propuesta, con el visto bueno de Cospedal, fue aprobada con los votos del PP porque el resto de fuerzas políticas se opuso. La dieta Cospedal puesta en marcha por la misma persona que durante años compaginó varios sueldos públicos y que en 2009 cobró 240.737 euros de los contribuyentes, casi tres veces más que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El caso es que la medida ahorraba poco más de un millón de euros en un presupuesto total para Castilla-La mancha de 7.440 millones (¡el 0,01 por ciento de ahorro!) y mientras, Cospedal tenía contratados a dedo a 41 asesores de libre designación con un coste a las arcas públicas castellano-manchegas de 1.644.140 euros. Datos económicos que lógicamente no entra a valorar el Constitucional, pero sí el ciudadano preocupado por elevarse más allá del discurso oficial. Sea como fuere, la medida fue avalada.
Y hace poco, el TC tampoco ha visto contrario a nuestra Constitución que para tener representación parlamentaria en las cortes de Castilla-La Mancha haya que conseguir 90.000 votos, el 18 por ciento en algunas provincias. Exigencias numéricas que si trasladamos a Cataluña, País Vasco o Navarra dejarían allí sin representación parlamentaria al PP y lo mismo en esas comunidades sacaría Cospedal a pasear el argumento que utilizó en 2007 cuando comparó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, con el entonces aún vivo presidente venezolano Hugo Chávez, «quien maneja la ley electoral a su antojo y en beneficio propio, en detrimento de la democracia” (Cospedal dixit). Recordar aquí que ésta fue la segunda reforma de la ley electoral de Cospedal en tres años como presidenta de Castilla-La Mancha. La primera, nada más llegar, amplió de 49 a 53 los escaños. Pero no se vuelvan locos, al Tribunal Constitucional tampoco le ha parecido fuera de lugar. Hasta ahora, Cospedal manda y el Constitucional avala. El próximo turno, para los ciudadanos.

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