martes, 9 de marzo de 2010

VENEZUELA Y CUBA COMO MUNICION




En nuestro país amante del buen gazpacho, buen vino y buena siesta estamos de forma estrepitosa cayendo en las manos de las fábricas o ingeniería de la opinión pública de los medios de comunicación que nos modela a imagen y semejanza de sus miserias, de sus intereses corporativos y sus valores bursátiles. Ahora me acuerdo cuando la inmensa mayoría nos decían que los medios de comunicación del estado deberían de desaparecer ya que estos están en manos de los respectivos gobiernos de turno utilizándolos para su propio beneficio y en muchos casos no les faltaba razón. Pero la solución a este problema de las democracias burguesas no se arregla con dejar en manos de grupos periodísticos el monopolio de la información debido sobre todo a que defienden sus interesas económicos por encima de la veracidad de las noticias y la independencia de los que opinan de manera sistemática. Un camino intermedio sería que por lo menos los que han estado en el ámbito de lo público, que siguieran estando pero dirigido por un consejo editorial que representaría a todos los trabajadores del mismo si injerencias de ningún tipo porque una ley les protegería de todo tipo de acoso y derribo, determinando la línea editorial desde la libertad. Pero claro, a la democracia plena la tenemos miedo y esto que los trabajadores pudieran dirigir un periódico resulta insultante para el modelo económico y social que nos imponen.
Todo esto que les he contado está sucediendo en el mundo de la comunicación con respecto a CUBA y VENEZUELA y los datos que nos están entregando estos medios de manera interesada. No digo yo que no tengan que llegar, que así debe de ser, pero que estos no nos impidan ver otras realidades que están pasando aquí al lado tapando las desigualdades y las injusticias que gobiernos que aquí tachamos de democracias con todo su pedigrí. Por esta razón el diario PÚBLICO ha supuesto abrir una ventana para airear tanto olor a putrefacción que existe en la prensa escrita en nuestro país ya que ha sabido denunciar los abusos a los derechos humanos pero no de forma manipuladora ya que a informado de casi todos. Y así les va, aumentando sus ventas imparablemente en detrimento de otro diario que era de referencia para gran parte de la izquierda (se leía porque no había otro, ese era mi caso) y que se situaba en la misma escuela de manipuladores que los de derechas. Con el pedrisco mediático que azota a CUBA y VENEZUELA sin capacidad de réplica por parte de estos países, el diario PÚBLICO abre el tarro de las esencias de la calma después de la tempestad y publica este esplendido artículo de opinión de PASCUAL SERRANO poniendo los puntos sobre las íes a todos aquellos que defienden que el problema de todos los males de la humanidad recaen en estos dos pequeños e insignificantes países que de una forma incomprensible azota a toda la estabilidad mundial. Léanlo con tranquilidad ya que no tiene desperdicio.


PASCUAL SERRANO
Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.
Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.
El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.
En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.
Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.
La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.
Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.
La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación’

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